DECRETO NÚMERO: 716

(Publicado en el P.O. No. 142 de 26 de Noviembre del 2001)

 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA

 

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

                                              

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; sus disposiciones son de orden público e interés social, de observancia y aplicación general y tienen por objeto establecer las bases generales para el gobierno y la administración pública municipal.

 

Artículo 2.- El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su territorio en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

 

Artículo 3.- Los municipios de Sinaloa gozan de autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad.

 

En ejercicio de esta atribución, estarán facultados para aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general dentro de su jurisdicción territorial, así como para:

 

I. Regular el funcionamiento del ayuntamiento y de la administración pública municipal, así como establecer sus órganos de gobierno interno;

 

II. Establecer los procedimientos para el nombramiento y remoción de los servidores públicos;

 

III.  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia;

 

IV. Regular el uso y aprovechamiento de los bienes municipales;  y

 

V. Emitir el Reglamento que señale las demarcaciones que para efectos administrativos se establezcan en el territorio municipal.

 

Artículo 4.- El territorio del Estado se divide en dieciocho municipios con las denominaciones siguientes: Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con la extensión y límites que actualmente les corresponden.

 

Artículo 5.- El territorio del Municipio determina el ámbito espacial de validez de los actos de gobierno y de administración, que son de competencia de su Ayuntamiento.

 

Artículo 6.- Con el fin de constituir una división administrativa de su territorio y determinar los mecanismos de gestión mediante los cuales los vecinos del municipio participarán en la mejoría de la calidad de vida de sus comunidades, los ayuntamientos emitirán el Reglamento que establezca las demarcaciones administrativas interiores de su territorio, tomando en cuenta los factores y características geográficas, demográficas y sociales de las comunidades inmersas en el territorio municipal.

 

Artículo 7.- Son vecinos del municipio, las personas que fijen su residencia legal o habitual dentro de su territorio.

 

Artículo 8.- La vecindad en un municipio se adquiere por:

 

I. El establecimiento del domicilio de las personas, conforme lo dispone el Código Civil del Estado;

 

II. La residencia efectiva y comprobable, por más de seis meses;

 

III. La manifestación ante la presidencia municipal del deseo de fijar la vecindad dentro del territorio municipal; y

 

IV. En caso de extranjeros deberán acreditar su legal estancia en  el territorio municipal.

 

Artículo 9.- La calidad de vecino de un municipio se pierde por:

 

I. Ausencia legal resuelta por autoridad judicial;

 

II. Manifestación expresa de residir en un municipio distinto; y

 

III. Ausencia por más de dos años del territorio municipal.

 

La vecindad no se pierde por ausencia física originada por el desempeño de un empleo, comisión o cargo de elección popular; o con motivos de estudios o negocios. En este último caso, será necesario que la persona manifieste expresamente su intención de retener la residencia en el municipio de que se trate.

 

Artículo 10.- Los vecinos del municipio, tienen el derecho de gestión y participación en los asuntos públicos del municipio así como de acceder en equidad a los servicios públicos y bienes de uso común municipales, estando obligados a contribuir a su conservación y cuidado, haciendo uso de ellos conforme a su destino. 

 

Sin perjuicio de las prerrogativas y obligaciones ciudadanas que deriven de otras disposiciones legales, los derechos y obligaciones de los vecinos ante el gobierno municipal se ejercerán y cumplirán conforme se establezcan en los bandos de policía y gobierno y demás normas reglamentarias de carácter general que expidan los ayuntamientos.

 

Artículo 11.- Los municipios se dividirán en sindicaturas y éstas en comisarías, cuya extensión y límites los determinarán los Ayuntamientos con la ratificación del Congreso del Estado.

 

Artículo 12.- Los centros poblados de los municipios tendrán las siguientes categorías:

 

I. Ciudad, el que tenga más de veinticinco mil habitantes o sea Cabecera Municipal;

 

II. Villa, el que tenga más de cinco mil habitantes o sea Cabecera de Sindicatura;

 

III. Pueblo, el que tenga más de dos mil habitantes o sea Cabecera de Comisaría; y,

 

IV. Rancho, el que tenga hasta dos mil habitantes.

 

CAPÍTULO II

DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

Artículo 13.- El Ayuntamiento, como órgano de gobierno del municipio, se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

 

Artículo 14.- Los ayuntamientos tendrán su residencia en la población cabecera de cada municipalidad y ejercerán sus atribuciones de manera exclusiva en el ámbito territorial y jurídico de su competencia y no existirá ninguna autoridad intermedia entre estos órganos y el Gobierno del Estado. El recinto del Ayuntamiento es inviolable; toda fuerza pública que no esté a cargo del propio Ayuntamiento está impedida para tener acceso a él salvo que se otorgue permiso previo por el Presidente Municipal, o en su ausencia, por el Secretario del Ayuntamiento, quién deberá levantar constancia de ello.

 

Artículo 15.- En representación de los municipios y para el cumplimiento de sus fines, los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

 

El reglamento mediante el cual se otorguen facultades de representación legal y poderes, o el acuerdo de cabildo que las contenga, debidamente certificado por el Secretario del Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", tendrá en todo caso la naturaleza de documento público y hará prueba plena en procedimiento administrativo y judicial de cualquier índole, por lo que no se requerirá de su protocolización ante notario público.

Artículo 16.- El Presidente Municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, será el órgano ejecutivo del Ayuntamiento.

 

Artículo 17.- El Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos, de elección popular directa, durarán en su cargo tres años y no podrán ser electos para el período inmediato. Quienes por elección directa, por nombramiento o designación de parte de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de dichos cargos, independientemente de la denominación que se les dé no podrán ser electos para el período inmediato. Estos servidores públicos, si tienen el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato como suplentes, pero los suplentes si podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.

 

Artículo 18.- Los ayuntamientos iniciarán sus funciones el día primero de enero del año siguiente al de su elección, previa protesta que otorguen ante el Ayuntamiento saliente en sesión solemne que se celebrará el día anterior.

 

Cada Ayuntamiento notificará inmediatamente de su toma de posesión a los Poderes del Estado y a los demás ayuntamientos.

 

Artículo 19.- La protesta a que se refiere el Artículo anterior se rendirá con las formalidades que prevé el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado.

 

Artículo 20.- Las faltas temporales del Presidente Municipal, cuando no excedan de diez días, serán cubiertas por el Secretario del Ayuntamiento con el carácter de encargado del Despacho, bastando solamente el aviso respectivo que dará el Presidente Municipal al propio Ayuntamiento. 

 

Cuando la falta excediere del tiempo señalado en el párrafo anterior, el Presidente Municipal sólo podrá separarse de su puesto previa licencia concedida por el Ayuntamiento, quien elegirá de entre sus miembros a un Presidente Municipal Provisional. El suplente del electo será llamado a sustituirlo como Regidor.

 

Artículo 21.- El Presidente Municipal no podrá ausentarse del territorio del Estado sin la previa autorización del Ayuntamiento, salvo causa de fuerza mayor debidamente comprobada.

 

Artículo 22.- Cuando algún Regidor o Síndico Procurador dejare de desempeñar su cargo, por falta temporal o definitiva, será sustituido por su suplente. Las vacantes serán cubiertas por designación que haga el Congreso del Estado.

 

Artículo 23.- Cuando ocurra una vacante de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado o en su defecto la Diputación Permanente elegirá a los substitutos, quienes terminarán el período. 

Para los efectos de este artículo, los ayuntamientos tienen la obligación de dar cuenta inmediatamente al Congreso de toda falta absoluta de sus miembros.

Artículo 24.- Los ayuntamientos estarán obligados, en sus relaciones de coordinación institucional, a proporcionar a los gobiernos federal y estatal, la información que éstos le soliciten sobre sus respectivos municipios.

 

Artículo 25.- Los ayuntamientos deberán  resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes. Las sesiones podrán ser públicas o secretas según lo acuerde el propio Ayuntamiento.

 

En casos especiales a juicio del Ayuntamiento, podrá sesionarse en lugar diferente al señalado en el párrafo anterior.

 

De cada sesión se levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes.

 

El Reglamento Interior del Ayuntamiento normará pormenorizadamente lo relativo a las sesiones.

 

Artículo 26.- El Ayuntamiento en ningún caso podrá desempeñar, como cuerpo colegiado, las funciones de Presidente Municipal, ni éste, por sí solo, las que correspondan al Ayuntamiento.

 

CAPÍTULO III

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

Artículo 27.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Gobernación, las siguientes:

 

I.  Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales;

 

II. Reglamentar y jerarquizar la prestación de los servicios públicos bajo el control del Municipio, atendiendo a la densidad demográfica, el desarrollo alcanzado por las actividades económicas, así como la integración de los propios servicios y en general establecer la política administrativa del Ayuntamiento;

 

III. Celebrar convenios de colaboración con el Ejecutivo del Estado, con los demás ayuntamientos y con los organismos públicos paraestatales y paramunicipales, para la prestación de los servicios públicos o la realización de obras municipales;

 

IV. Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal, los que deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa";

 

V. Vigilar que los establecimientos de reclusión de los infractores al bando de policía y gobierno, reúnan las condiciones necesarias de seguridad, higiene, moralidad y trabajo;

 

VI. Cuidar que la intervención del cuerpo de policía en los casos de infracciones cometidas por menores de edad, se limite a ponerlos inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar de Menores, a través de su Delegado Municipal;

 

VII. Cuidar de la superación técnica, moral y material de los agentes de seguridad pública y de tránsito Municipal;

 

VIII. Conceder a los particulares los permisos necesarios para el aprovechamiento de la vía pública, los cuales tendrán siempre el carácter de revocables y temporales;

 

IX. Autorizar al Presidente Municipal, en los términos de la ley de la materia para la expropiación de bienes cuando así lo exija el interés público;

 

X. Conceder licencias y admitir las renuncias de sus propios miembros;

 

XI. Nombrar apoderados para la atención de negocios jurídicos, otorgando al efecto las facultades necesarias;

 

XII. Crear, cuando así lo juzguen conveniente, una comisión de límites;

 

XIII. Fijar, modificar o sustituir los nombres de los centros poblados del Municipio;

 

XIV. Resolver en revisión, los actos y acuerdos del Presidente Municipal que sean recurribles; y

 

XV. Ejercer en materia de seguridad pública, policía preventiva y tránsito las funciones que le competan de acuerdo con las disposiciones legales respectivas.

 

Artículo 28.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes:

 

I. Realizar estudios económicos relacionados con las finanzas del Municipio;

 

II. Proceder a la integración de comisiones mixtas de los sectores público y privado, para el estudio de los problemas económicos del Municipio;

 

III. Recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la hacienda pública municipal, pudiendo celebrar al efecto convenios con el Ejecutivo del Estado respecto a las contribuciones señaladas por el Artículo 123, fracción V, de la Constitución Política del Estado;

 

IV. Aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a sus ingresos disponibles y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos;

 

V. Formular la cuenta pública mensual, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al que corresponda, que deben presentar al Congreso, acompañada de los comprobantes respectivos y recabar de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los finiquitos correspondientes;

 

VI. Administrar los bienes del Municipio, manteniendo un inventario para el control y registro de los mismos;

           

VII. Resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de actos, contratos o convenios que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos;

 

VIII. Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios municipales, requiriéndose la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros cuando dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo para el que fueron electos;

 

IX. Rescatar las concesiones otorgadas a particulares para la prestación de servicios públicos en los términos que señale la Ley.

 

A.- Toda concesión se sujetará a las siguientes bases:

 

1). Determinará con precisión los bienes y servicios objeto de la misma.

 

2). Consignará las medidas a que debe sujetarse el concesionario para asegurar el correcto funcionamiento y continuidad del servicio, así como las sanciones que le serán impuestas, en caso de incumplimiento.

 

3). Establecerá el régimen al que deberá someterse la concesión, fijando el término de la misma, las causales de caducidad y rescisión, la vigilancia del Ayuntamiento sobre la prestación del servicio y el pago de los derechos o prestaciones que se causen.

 

4). Fijarán las condiciones bajo las cuales podrán los usuarios utilizar los servicios.

 

5). Determinará las tarifas y la forma de modificarlas, así como las contraprestaciones que deba cubrir el beneficiario.

 

6). Establecerá el procedimiento administrativo para recibir en audiencia al concesionario y a todo interesado en aquellos asuntos que importen reclamación o afectación de derechos generados con la concesión o explotación de bienes.

 

7). Determinará la garantía que deba otorgar el concesionario, para responder de la eficaz prestación del servicio o aprovechamiento de bienes.

 

B.- Todo Contrato-Concesión deberá incluir las cláusulas siguientes, que se tendrán por puestas, aún cuando no se expresen:

 

1). La facultad de los ayuntamientos de modificar en todo tiempo la organización, modo o condiciones de la prestación del servicio.

 

2). La de inspeccionar la ejecución de las obras y explotación del servicio.

 

3). La de que todos los bienes concesionados, se destinarán exclusivamente a los fines de la concesión.

 

4). El derecho de los ayuntamientos, como acreedores privilegiados, sobre los bienes destinados a la prestación del servicio.

 

5). La obligación del concesionario de prestar el servicio de manera adecuada, regular y uniforme.

 

6). La de que el ejercicio de los derechos de los acreedores del concesionario, aún en caso de quiebra, no traerá como consecuencia la suspensión o interrupción del servicio.

 

7). La de prestar el servicio de acuerdo con los precios o tarifas aprobadas por los Ayuntamientos.

 

8). La obligación del concesionario de someter a la aprobación de los ayuntamientos los contratos para el financiamiento de la empresa.

 

9). La prohibición de enajenar o traspasar la concesión o los derechos de ella derivados o los bienes empleados en la explotación, sin permiso previo y expreso de los ayuntamientos.

 

La no observancia de las cláusulas 3, 5, 6, 7, 8 y 9, constituirán causa de rescisión del contrato-concesión, para lo cual deberá oírse previamente al concesionario, así como cuando proceda declarar la nulidad del mismo en caso de que el concesionario no haya ejercitado sus derechos dentro de los tres meses siguientes a la celebración del contrato, sin causa justificada.

 

Los ayuntamientos fijarán anualmente y publicarán en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en otro de mayor circulación, los precios y tarifas a que deberán sujetarse los servicios públicos concesionados.

 

X. Observar el cumplimiento del artículo 155 de la Constitución Política del Estado en la administración de los recursos del Municipio y de sus organismos públicos descentralizados, así como en la adquisición, arrendamiento, enajenación de bienes, prestación de servicios y en la contratación de obras que realicen;

 

XI. Aceptar donaciones, herencias y legados que se hagan a los municipios, siempre que no resulten onerosos, y en caso de que lo sean, se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros;

 

XII. Publicar, dentro de los diez primeros días de cada mes, un corte de caja que contendrá los movimientos de ingresos y egresos habidos en el mes anterior; y

 

XIII. Velar por la conservación material y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.

 

Artículo 29.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, las siguientes:

 

I. Fijar la política y sistemas técnicos a que debe sujetarse la planeación urbanística municipal; formular, aprobar y administrar la zonificación  y los planes de desarrollo  urbano municipal; participar en la creación y administración  de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de sus zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Para estos efectos, se sujetarán a las Leyes Federales y Estatales de la materia y expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias, de acuerdo a los fines señalados por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

En caso de conurbación tendrán, además, las facultades previstas por el artículo 126 de la Constitución Política del Estado;

 

II. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional;

 

III. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;

 

IV. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;

 

V. Promover la contribución de los habitantes a la construcción, conservación y reparación de las obras materiales del Municipio;

 

VI. Proyectar y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo de los centros poblados;

 

VII. Promover programas en favor de la construcción de viviendas de interés social, destinadas a familias de escasos recursos económicos;

 

VIII. Autorizar las especificaciones del caso en todas las obras de urbanización y construcciones en general;

 

IX. Promover la construcción de caminos para incorporar a la economía estatal y municipal las zonas aisladas;

 

X. Cuidar de la pavimentación y embanquetado, así como de la compostura, nivelación y alineación de calles;

 

XI. Combatir la tala de árboles en parques, jardines y predios municipales, coadyuvando con las autoridades competentes para evitar la tala ilegal en bosques y montes;

 

XII. Dividir en secciones, sectores y manzanas los centros poblados del Municipio, dando a las calles y fincas su nomenclatura y numeración;

 

XIII. Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de acuerdo con la ley de la materia;

 

XIV. Proveer al establecimiento y conservación del alumbrado público;

 

XV. Celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado y con los organismos públicos paraestatales para asumir la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos que competan a éstos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario;

 

Tratándose de obras públicas municipales dichos convenios podrán celebrarlos con el Ejecutivo, con los organismos paraestatales, con los demás ayuntamientos y con los organismos paramunicipales;

 

XVI. Proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestación de servicios públicos, y supervisar las construidas para cubrir los servicios públicos concesionados; y

 

XVII. Prevenir y combatir la contaminación ambiental, dando participación a la sociedad mediante la creación de consejos ciudadanos especializados en la materia.

 

Artículo 30.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía, las siguientes:

 

I. Cooperar con las autoridades federales y estatales para evitar la especulación y carestía de la vida;

 

II. Auxiliar a las autoridades federales en materia de comercio en las medidas que adopte para hacer cumplir las disposiciones del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de monopolios;

 

III. Dar estricto cumplimiento a la reglamentación relativa a los establecimientos comerciales y a las demás de los servicios públicos;

 

IV. Delimitar las zonas comerciales en los centros poblados del Municipio;

 

V. Promover la integración de comisiones que elaboren programas para comercializar frutos y productos de la región;

 

VI. Fomentar el desarrollo del comercio, industrias y artesanías regionales;

 

VII. Estimular, promover y proteger la instalación de talleres y pequeñas industrias en las áreas rurales, a efecto de reducir la desocupación, acrecentar los ingresos y elevar el nivel de vida de la población dedicada a labores agropecuarias;

 

VIII. Contribuir al fomento del turismo y vigilancia de los precios de los hoteles, casas de huéspedes, restaurantes y demás centros al servicio del mismo;

 

IX. Formular las estadísticas que marquen las leyes y las que les fueren solicitadas por los gobiernos Federal y Estatal; y

 

X. Autorizar y supervisar la instalación, el funcionamiento y los precios de los espectáculos públicos y juegos de diversión que se realicen por profesionales con fines de lucro, pudiendo fijar a las empresas particulares que los organicen o patrocinen, condiciones y modalidades que protejan la economía familiar.

 

Artículo 31.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Agricultura y Ganadería, las siguientes:

 

I. Colaborar en el incremento de la producción agrícola y ganadera, así como en la organización económica del ejido y de la comunidad;

 

II. Promover y propiciar el establecimiento de centros de investigación y extensión agrícolas, así como la ampliación de los programas de crédito de las instituciones públicas y privadas que operen en la circunscripción municipal; y

 

III. Establecer programas para combatir el robo de productos agrícolas y el abigeato.

 

Artículo 32.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Educación, las siguientes:

 

I. Impulsar la educación en los términos de las disposiciones legales aplicables y crear consejos ciudadanos especializados para la consecución de tal fin;

 

II. Vigilar que los niños en edad escolar concurran puntualmente a las escuelas primarias;

 

III. Promover la asistencia de los analfabetos a los centros de alfabetización y de enseñanza para adultos;

 

IV. Promover la construcción y reparación de los edificios escolares;

 

V. Crear centros para capacitación de la mujer a fin de proporcionar su incorporación plena a las actividades productivas; y

 

VI. Informar al Ejecutivo del Estado y a las autoridades competentes sobre las deficiencias que se observen.

 

Artículo 33.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Salubridad y Asistencia, las siguientes:

 

I. Cuidar de la salud pública, especialmente en los ramos a su cargo, como mercados, rastros, centrales de abasto, recolección, traslado y tratamiento de residuos sólidos;

 

II. Auxiliar a las autoridades sanitarias respecto de los vendedores ambulantes que se estacionen alrededor de los centros educativos y demás lugares que señalen los reglamentos, a fin de proteger al público del consumo de productos alimenticios antihigiénicos;

 

III. Informar a las autoridades competentes de los brotes de epidemias que se produzcan en la municipalidad, así como de las endemias que afecten a sus habitantes, colaborando con aquéllas a su total erradicación;

 

IV. Crear centros asistenciales como hospitales, clínicas, dispensarios, hospicios, asilos, casas de cuna y guarderías infantiles;

 

V. Combatir la desnutrición y deshidratación infantiles;

 

VI. Promover y coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas y privadas o con los particulares la atención y ayuda a personas indigentes o desamparadas;

 

VII. Prevenir y combatir, en auxilio de las autoridades competentes, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la prostitución y toda actividad que pueda significar ataques contra la salud;

 

VIII. Prevenir y combatir la mendicidad y la vagancia;

 

IX. Vigilar que la inhumación de los cadáveres se verifique en los panteones, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que ocurrió la muerte, salvo el caso de que se trate de epidemias o enfermedades contagiosas en el cual deberá procederse inmediatamente al sepelio y a la desinfectación de los lugares en donde haya estado expuesto el cadáver y cuidar que los sepulcros tengan la debida profundidad y espesor de muros; y

 

X. Impedir que se practique la exhumación de cadáveres sin las precauciones facultativas necesarias y con las formalidades exigidas por la Ley y, en general, atender el servicio de panteones.

 

Artículo 34.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Trabajo y Previsión Social, las siguientes:

 

I. Cooperar con las autoridades federales y estatales para la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones en la materia;

 

II. Otorgar protección a los trabajadores no asalariados y combatir la desocupación promoviendo la creación de fuentes de trabajo; y

 

III. Impulsar que las relaciones de trabajo del personal del Ayuntamiento se rijan por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa.

 

Artículo 35.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Acción Social y Cultural, las siguientes:

 

I. Coadyuvar a la defensa y protección de los menores de edad. En todo caso, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable;

 

II. Cuidar de la seguridad y el orden en cines, teatros, paseos y centros de recreo, así como conceder licencias para espectáculos y vigilar que en ellos se cobren los precios autorizados y se desarrollen los programas previamente anunciados; y

 

III. Fomentar las actividades que propendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos de los habitantes del Municipio, así como el deporte en todas sus manifestaciones;

 

IV. Difundir los valores culturales y artísticos del Municipio, pudiéndose nombrar con carácter vitalicio, un cronista que los asesore para el efecto;

 

V. Celebrar ceremonias públicas para conmemorar los hechos históricos de carácter nacional o local;

 

VI. Organizar bibliotecas populares, museos y galerías artísticas;

 

VII. Editar todo género de publicaciones para la difusión de programas, informaciones y datos relacionados con la actividad del Ayuntamiento;

 

VIII. Promover la difusión de documentos que exalten los valores cívicos del pueblo mexicano y en particular del sinaloense;

 

IX. Coordinarse y colaborar con la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional del Estado de Sinaloa en la realización de los eventos que señala este artículo en las fracciones III, IV, V, VI, VII y en otros de la misma naturaleza;

 

X. Colaborar con las autoridades competentes en la lucha por reprimir el charlatanismo;

 

XI. Promover la participación de los padres de familia en campañas que favorezcan la educación de sus hijos, el mejoramiento del hogar y de las relaciones familiares;

 

XII. Constituir el Consejo Municipal para la Atención a la Juventud a efecto de fomentar actividades culturales, sociales, cívicas y deportivas en beneficio de los jóvenes y coadyuvar con los organismos federales y estatales que se propongan la realización de los fines indicados;

 

XIII. Integrar el Consejo Local de Tutela, de acuerdo con la Ley;

 

XIV. Contribuir al sostenimiento del Consejo Tutelar de Menores, proporcionando a los delegados municipales de aquél, el local y demás medios conducentes para el desempeño de sus funciones;

 

XV. Favorecer la formación del patrimonio familiar;

 

XVI. Coadyuvar con las autoridades competentes a la regularización del estado civil de las personas; y

 

XVII. Intercambiar experiencias y fortalecer relaciones con otros municipios y ciudades u organismos culturales, sociales y deportivos de cualquier nacionalidad, pudiendo designar comités especiales para el efecto.

           

Artículo 36.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de rastros, mercados y centrales de abasto, las siguientes:

 

I. Atender la construcción y conservación de rastros, mercados y centrales de abasto, determinando sus zonas de ubicación;

 

II. Atender el abasto en el Municipio, dictando las medidas de almacenamiento, conservación, distribución y venta de productos; y

 

III. Administrar los mercados dependientes del Ayuntamiento, vigilando la observancia de las normas sobre higiene y salubridad.

 

CAPÍTULO IV

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

                     

Artículo 37.- Para ser Presidente Municipal además de los requisitos que exige el artículo 42, se requieren satisfacer los que previene la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El Presidente Municipal es el representante legal del Ayuntamiento y el encargado de ejecutar sus resoluciones.

 

Artículo 38.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes:

 

I. Dirigir el gobierno y la administración pública municipal y proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero y del Oficial Mayor, así como, nombrar y remover a los demás servidores públicos municipales;

 

II. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento, tomando parte en las deliberaciones con voz y voto;

 

III. Rendir el segundo sábado de diciembre de cada año, ante el Cabildo reunido en sesión solemne, un informe por escrito sobre el estado que guarde la administración municipal, del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado;

              

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los diversos ordenamientos municipales;

 

V. Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y disciplina externa, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

VI. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;

 

VII. Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, pero si el infractor no pagare la multa ésta se permutará por el arresto correspondiente que en ningún caso excederá de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de un día de salario. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

 

En caso de infracciones en materia de tránsito, se aplicarán las sanciones que establezcan las disposiciones legales conducentes;

 

VIII. Promover la capacitación y perfeccionamiento del personal administrativo, con objeto de mejorar la eficacia de sus funciones;

 

IX. Vigilar que sean respetadas las jurisdicciones que se deriven de la división territorial del Municipio;

 

X. Formular las observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del Ayuntamiento, y en caso de que éstos sean ratificados, cumplirlos debidamente, informando de su ejecución;

 

XI. Tomar la protesta de Ley al personal al servicio del Ayuntamiento;

 

XII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio correspondiente que deberá presentarse al Congreso del Estado;

 

XIII. Vigilar que la recaudación en todos los ramos de la hacienda municipal se realice con exactitud, cuidando que los  egresos se efectúen con estricto apego al presupuesto;

 

XIV. Librar con el Regidor Comisionado de Hacienda, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal;

 

XV. Prevenir y combatir la práctica de juegos prohibidos de acuerdo con la ley de la materia;

 

XVI. Solicitar del Ejecutivo del Estado, en casos especiales, el auxilio de las policías estatales;

 

XVII. Visitar cuando menos dos veces al año, los centros poblados del Municipio para enterarse del estado que guardan los servicios públicos y conocer los problemas que presenten los vecinos;

 

XVIII. Mantener el orden público, previendo o impidiendo los actos que puedan perturbar la paz y la tranquilidad pública;

 

XIX. Aplicar y calificar en su caso las sanciones por infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones, en los términos que tales ordenamientos establezcan;

 

XX. Prestar auxilio a las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus funciones;

 

XXI. Atender la conscripción militar nacional, en auxilio de las autoridades y conforme a la Ley relativa; y

 

XXII. Las demás que establezcan esta Ley u otras disposiciones legales.

 

CAPÍTULO V

DEL SÍNDICO PROCURADOR Y DE LOS REGIDORES

 

Artículo 39.- El síndico procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento, y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

 

I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento;

 

II. Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios judiciales y en las negociaciones relativas a la hacienda municipal pudiendo nombrar procuradores judiciales en el ámbito municipal, con arreglo a las facultades específicas que el Ayuntamiento le delegue.

 

En caso de que el síndico procurador, por cualquier causa,  se encuentre imposibilitado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento, éste resolverá lo conducente;

 

III. En términos de la reglamentación municipal correspondiente, proponer o ratificar el nombramiento del personal a su cargo;

 

IV. Vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de los recursos, se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas de conformidad con lo dispuesto por la reglamentación interior o de gobierno;

 

V. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; y

 

VI. Todas aquellas que el Ayuntamiento le confiera en su reglamentación interior o de gobierno, o en los acuerdos específicos que adopte, con el propósito de que cumpla con las obligaciones y facultades señaladas en las tres fracciones anteriores.

 

Artículo 40.- El presidente municipal, el síndico procurador y los regidores, actuando colegiadamente, conforman el Ayuntamiento como órgano deliberante de representación popular en el Municipio; y no podrán ser reconvenidos por las manifestaciones que viertan en el ejercicio de su cargo.

 

Artículo 41.- Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes:

 

I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento;

 

II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley;

 

III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento;

 

IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la administración municipal;

 

V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;

 

VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y

 

VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.

 

Artículo 42.- Para ser regidor o síndico procurador se requiere:

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;

 

II. Ser originario de la municipalidad que lo elija, o vecino de la misma cuando menos con un año inmediatamente antes de la elección; y,

 

III. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la elección.

 

CAPÍTULO VI

DE LAS COMISIONES

 

Artículo 43.- Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del ejercicio constitucional del Ayuntamiento.

 

Artículo 44.- Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del Ayuntamiento.

 

Las Comisiones serán las siguientes:

 

I. Gobernación;

 

II. Hacienda;

 

III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas;

 

IV. Industria, Comercio, Turismo y Artesanías;

 

V. Agricultura y Ganadería;

 

VI. Educación;

 

VII. Salubridad y Asistencia;

 

VIII. Trabajo y Previsión Social;

 

IX. Acción Social y Cultural;

 

X. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; y,

 

XI. De Concertación Política.

 

Las Comisiones Permanentes tendrán la competencia que se derive de su denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y en su caso, a la materia de su conocimiento.

 

Artículo 45.- Las comisiones transitorias serán designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su ejercicio, para el estudio de determinado asunto o la realización de una labor o comisión oficial específica.

 

Artículo 46.- Las comisiones podrán ser unitarias o colegiadas. Cuando sean unitarias, se designará un suplente.

 

Las Comisiones colegiadas serán plurales, por lo cual, no podrán estar integradas por regidores de un sólo partido político.

 

Artículo 47.- Las comisiones someterán los dictámenes, asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes.

 

Artículo 48.- Las comisiones no tendrán por sí solas facultades ejecutivas, salvo que en casos especiales así lo acuerde el Ayuntamiento, a solicitud expresa del Presidente Municipal.

 

Artículo 49.- El Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento están obligados a aceptar las comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.

 

La Comisión de Concertación Política estará integrada por el Presidente Municipal y un Regidor de cada partido político, tendrá a su cargo las funciones tendientes a la realización de las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores del Ayuntamiento, previo los acuerdos a que lleguen los integrantes de la misma Comisión, los cuales deberán ser siempre por consenso.

 

CAPÍTULO VII

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 

Artículo 50.- Cada Ayuntamiento tendrá un Secretario que nombrará de fuera de su seno, a propuesta del Presidente Municipal.

 

Artículo 51.- Para ser Secretario del Ayuntamiento se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos y estar avecindado en la municipalidad cuando menos un año antes de su designación.

 

Artículo 52.- Son facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, las siguientes:

 

I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20;

 

II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal;

 

III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas correspondientes;

 

IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos que reciba para acordar el trámite que proceda;

 

V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal;

 

VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal;

 

VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes; y,

 

VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

 

Artículo 53.- El Secretario del Ayuntamiento en sus faltas temporales que no excedan de treinta días, será suplido por el Oficial Mayor. Faltando éste o siendo la falta por más tiempo del indicado, el Ayuntamiento nombrará a un Secretario Interino.

 

CAPÍTULO VIII

DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

 

Artículo 54.- Cada Ayuntamiento podrá tener un Oficial Mayor que nombrará de fuera de su seno, a propuesta del Presidente Municipal.

 

Artículo 55.- Para ser Oficial Mayor del Ayuntamiento se requiere reunir los mismos requisitos que para ser Secretario del Ayuntamiento.

 

Artículo 56.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor, las siguientes:

 

I. Suplir las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento, que no excedan de treinta días, con las mismas atribuciones de éste;

 

II. Atender el manejo del personal administrativo del Ayuntamiento;

 

III. Tramitar las licencias y autorizaciones cuya expedición corresponda al Ayuntamiento;

 

IV. Atender todos los asuntos de su competencia, acordando previamente con el Secretario del Ayuntamiento y el Presidente Municipal;

 

V. Atender todos los asuntos que le encomiende el Presidente Municipal; y,

 

VI. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

 

En caso de que no exista Oficial Mayor, el Presidente Municipal decidirá quien debe ejercer las facultades y obligaciones mencionadas.

 

CAPÍTULO IX

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

 

Artículo 57.- La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Ayuntamiento y estará a cargo de un Tesorero Municipal que nombrará de fuera de su seno, el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.

 

Artículo 58.- Para ser Tesorero Municipal se requiere:

 

I. Satisfacer los requisitos exigidos para ser Secretario del Ayuntamiento;

 

II. Tener conocimiento de contabilidad y materia fiscal; y

 

III. No haber sido condenado por delitos patrimoniales.

 

Artículo 59.- Corresponde al Tesorero Municipal:

 

I. Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento, llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos;

 

II. Formular oportunamente los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Ayuntamiento, incluyendo los relativos a los organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo;

 

III. Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del Municipio y en los demás ordenamientos aplicables;

 

IV. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a los ordenamientos fiscales, cuya aplicación esté encomendada a la propia Tesorería;

 

V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la cuenta pública;

 

VI. Intervenir en los estudios de planeación financiera del Ayuntamiento, evaluando las necesidades, posibilidades y condiciones de los financiamientos internos y externos de los programas de inversión;

 

VII. Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del mismo. Los comprobantes correspondientes, debidamente requisitados, deberán estar visados por el regidor presidente de la Comisión de Hacienda y aprobados por el Presidente Municipal;

 

VIII. Remitir al Congreso del Estado, dentro de los primeros veinte días de cada mes, la cuenta pública del mes inmediato anterior, con todos sus anexos, acompañados de los comprobantes respectivos; y

 

IX. Todo lo demás que se relacione con la Hacienda Pública Municipal o que le encomienden las leyes o reglamentos.

 

Artículo 60.- El Tesorero Municipal ejercerá las tareas y facultades que se consignan en el artículo anterior, por conducto de las dependencias impositivas, recaudadoras, técnicas y administrativas de la propia Tesorería, sin más formalidad que una comunicación escrita, salvo que las leyes o reglamentos exijan formalidades especiales.

 

Artículo 61.- El Ayuntamiento podrá establecer Colecturías de Rentas Municipales que auxilien a la Tesorería, las cuales quedarán subordinadas a ésta.

 

Artículo 62.- Para garantizar el ejercicio de sus funciones el Tesorero y todos aquellos que tengan a su cargo el manejo de fondos municipales, otorgarán garantía cuya forma y monto será determinado por el Ayuntamiento.

 

Artículo 63.- Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal ordenen algún gasto que no reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de hacer el pago, fundando su abstención por escrito; pero si aquellos insistieren en su orden, lo efectuará bajo la responsabilidad de quien la dicte.

 

Artículo 64.- Cuando a juicio del Ayuntamiento se considere necesario inspeccionar el manejo o aplicación de los bienes o ingresos que integran la hacienda municipal, se mandará practicar la auditoría correspondiente.

 

CAPÍTULO X

DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

 

Artículo 65.- Cuando la amplitud y diversidad de los asuntos administrativos de un Ayuntamiento lo justifiquen, el Presidente Municipal podrá ser auxiliado por un Secretario de la Presidencia Municipal.

 

Artículo 66.- Para ser Secretario de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que para ser Secretario del Ayuntamiento.

 

Artículo 67.- Serán facultades y obligaciones del Secretario de la Presidencia, las siguientes:

 

I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal;

 

II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el Presidente Municipal;

 

III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté encomendada expresamente a otra dependencia;

 

IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",  así como las circulares y acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento;

 

V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de las categorías políticas de los centros poblados del Municipio;

 

VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites del Municipio; y,

 

VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.

 

En los Ayuntamientos que no haya Secretario de la Presidencia, las atribuciones que correspondan a éste se realizarán por el Secretario del Ayuntamiento, por el Oficial Mayor, o por ambos a juicio del Presidente Municipal.

 

CAPÍTULO XI

DE LOS SÍNDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES

 

Artículo 68.- Las Sindicaturas y Comisarías a que se refiere el artículo  11 de esta Ley, serán administradas por Síndicos y Comisarios, respectivamente, nombrados y removidos libremente por el Ayuntamiento mediante consulta popular que se celebrará en Asamblea General convocada para tal efecto en Sindicaturas con menos de siete mil quinientos habitantes y mediante Plebiscito en Sindicaturas con más de siete mil quinientos habitantes.

 

Los Ayuntamientos realizarán la consulta popular mediante cualquiera de los siguientes medios y de acuerdo a sus bases:

 

I. PLEBISCITO.

 

A). El Ayuntamiento convocará a los habitantes de la Sindicatura y de las Comisarías con veinte días de anticipación a un Plebiscito para recoger las opiniones de la población sobre la designación de Síndicos y Comisarios Municipales.

 

B). A partir de la convocatoria, los vecinos dentro de los diez días siguientes, propondrán a personas idóneas para ocupar los cargos de Síndicos y Comisarios Municipales, quienes deberán reunir los requisitos constitucionales para dichos cargos.

 

C). Diez días antes de la realización del Plebiscito, las personas propuestas darán a conocer a la población sus planes y programas para el desempeño de sus funciones.

 

D). El día del Plebiscito, cada ciudadano de la Sindicatura emitirá su opinión sobre en quién debe recaer la designación de Síndico y Comisario Municipales.

 

II. ASAMBLEA GENERAL.

 

A). Los Ayuntamientos convocarán con veinte días de anticipación a la designación de los funcionarios municipales a los habitantes de las Sindicaturas o Comisarías a una Asamblea General.

 

B). La Asamblea General tendrá por objeto conocer las opiniones de los habitantes de la Sindicatura o Comisaría, sobre las personas idóneas para ocupar los cargos de Síndico y Comisario Municipal, respectivamente.

 

C). Dentro de los diez días siguientes a la convocatoria, los vecinos de la Sindicatura o Comisarías registrarán ante el propio Ayuntamiento a las personas que consideren idóneas, mismos que deben reunir los requisitos establecidos en la Constitución.

 

D). Dentro de los últimos diez días previos a la Asamblea General, las personas propuestas desarrollarán labor vecinal domiciliaria en búsqueda de apoyo a su designación.

 

E). El día de la Asamblea, los integrantes del Ayuntamiento encargados del desarrollo de la misma, otorgarán el uso de la voz a los propuestos.

 

F). Concluida su intervención, se formularán por los asistentes preguntas a los propuestos, quienes responderán a las mismas de acuerdo al orden en que se registraron.

 

G). Posteriormente, se propondrá a la Asamblea se pronuncie en relación a las personas propuestas.

 

H). De la Asamblea General se levantará acta circunstanciada, que contendrá los resultados del pronunciamiento, misma que se entregará al Ayuntamiento para la designación del Síndico o Comisarios Municipales.

 

Artículo 69.- En cada Cabecera de Sindicatura y de Comisaría habrá, respectivamente, un Síndico Municipal y un Comisario Municipal, quienes deberán satisfacer los requisitos exigidos para ser Secretario del Ayuntamiento.

 

Artículo 70.- Los Síndicos y Comisarios Municipales tendrán dentro de los límites de su jurisdicción, las siguientes facultades y obligaciones:

 

I. Cumplir los acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente al Presidente Municipal de la ejecución de los mismos;

 

II. Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su administración;

 

III. Informar inmediatamente al Presidente Municipal de los casos de necesidad y urgencia que se susciten en sus jurisdicciones;

 

IV. Tener bajo su mando a los Agentes del Cuerpo de Policía adscritos a sus respectivas jurisdicciones;

 

V. Calificar las infracciones y aplicar a los infractores las sanciones correspondientes, informando de ello oportunamente al Presidente Municipal para su revisión;

 

VI. Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente Municipal, las disposiciones legales de las diversas ramas municipales;

 

VII. Vigilar que en su jurisdicción no se alteren  la tranquilidad y orden público, así como sancionar a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, ejerciendo en materia de tránsito las facultades que a ese respecto le asignen las disposiciones legales conducentes;

 

VIII. Inspeccionar el funcionamiento de las dependencias de la Sindicatura o Comisaría, proponiendo al Presidente Municipal las medidas que tiendan a mejorarlo; y,

 

IX. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos.

 

CAPÍTULO XII

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

 

Artículo 71.- Cada Municipio atenderá el servicio de Seguridad Pública y de Tránsito, en los términos de las disposiciones legales respectivas, a través de la dependencia o estructura administrativa que al efecto determine el Ayuntamiento.

 

Artículo 72.- En materia de Seguridad Pública dicha dependencia tendrá las siguientes facultades:

 

I. Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio;

 

II. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos;

 

III. Hacer respetar las buenas costumbres;

 

IV. Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea requerido para ello; y

 

V. Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito.

 

Artículo 73.- En materia de tránsito estará facultada para vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores en los centros poblados de su jurisdicción, y en general para ejercer las atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos de la materia.

 

CAPÍTULO XIII

DE LA HACIENDA MUNICIPAL

 

Artículo 74.- La Hacienda Municipal estará compuesta por:

 

I. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, así como las rentas y productos de los mismos y las donaciones y legados que se hagan en favor del Municipio;

 

II. Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del Estado establezca a su favor;

 

III. Las participaciones federales, que serán cubiertas a los Municipios por la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado y con arreglo a las bases de distribución equitativa, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado;

 

IV. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; y,

 

V. Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles.

 

Artículo 75.- Las leyes fiscales especificarán el régimen de los ingresos municipales.

 

Artículo 76.- Los bienes que constituyan el patrimonio municipal se clasifican en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.

 

Son bienes del dominio público los de uso común, los destinados a un servicio público y los muebles que por su naturaleza no sean sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y las piezas artísticas y valiosas de los museos.

 

Son bienes del dominio privado los que ingresan a su patrimonio por cualquiera de los medios de adquisición de la propiedad y que no estén destinados a un servicio público.

 

Artículo 77.- Los bienes de dominio público de los Municipios son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

 

Artículo 78.- Tratándose del patrimonio inmobiliario municipal, se requerirá del voto favorable de la dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, para autorizar los siguientes actos:

 

I. La desincorporación del régimen de bienes del dominio público y su incorporación al régimen de dominio privado del municipio, de toda clase de bienes inmuebles que ostenten esta naturaleza conforme a las normas aplicables;

 

II. La enajenación, gravamen o afectación de cualquier naturaleza, respecto de un bien inmueble del dominio privado del municipio, o que sea sujeto de desincorporación de su régimen de dominio público;

 

III. La adquisición del dominio de un bien inmueble, cuando vaya a ser destinado al uso común o a la prestación de un servicio de naturaleza municipal; y

 

IV. El otorgamiento de concesiones respecto de la prestación de un servicio público ya sea de carácter municipal o supramunicipal a su cargo, o del uso y disfrute de un bien inmueble municipal que sea sujeto de aprovechamiento particular conforme al reglamento respectivo, cuando la concesión exceda el término de gestión constitucional del Ayuntamiento;

 

V. La autorización de actos cuyos efectos jurídicos establezcan obligaciones que trasciendan el período de gestión constitucional del Ayuntamiento.

 

Los demás casos se regirán conforme a las disposiciones, condiciones y requisitos que se establezcan en la reglamentación municipal de la materia.

 

CAPÍTULO XIV

DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA

 

Artículo 79.- Los ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento de las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios públicos, y en general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general.

   

Artículo 80.- Los Reglamentos Municipales se clasifican de la siguiente manera:

 

I. De organización y funcionamiento interior del Ayuntamiento;

 

II. De organización y funcionamiento de los servicios públicos; y,

 

III. De actividades de los particulares que afecten el desarrollo normal de las actividades sociales.

 

Artículo 81.- Los Reglamentos Municipales comprenderán las siguientes ramas:

 

I. Interior del Ayuntamiento;

 

II. Interior de Administración;

 

III. De Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito;

 

IV. De Aseo y Limpia;

 

V. De Rastros, Mercados y Centrales de Abasto;

 

VI. Del Comercio en la Vía Pública;

 

VII. De Urbanismo y Obras Públicas;

 

VIII. De Estacionamiento;

 

IX. De Anuncios y Publicidad Comercial;

 

X. De Espectáculos y Diversiones Públicas;

 

XI. De Panteones; y,

 

XII. Los demás que el Ayuntamiento acuerde, conforme a las necesidades del Municipio.

 

Artículo 82.- Los reglamentos municipales que expidan los ayuntamientos deberán ser aprobados por votación mayoritaria, de conformidad con el reglamento correspondiente y sus normas deberán ser generales, abstractas, impersonales y vinculantes a la aplicación de leyes federales y estatales y al ejercicio de atribuciones de los municipios.

 

Para su correspondiente publicidad e inicio de vigencia, deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

 

Artículo 83.- Para los efectos de esta Ley, se entiende como  bando de policía y gobierno, el anuncio público de una o varias normas o mandatos de carácter general solemnemente publicados, que expide el Ayuntamiento para asegurar, mantener o restablecer el orden; la seguridad y la paz pública; el civismo y las buenas costumbres; los derechos y deberes de los habitantes del municipio para con la sociedad y el gobierno de la comunidad; la salud pública; la observancia de los estatutos vecinales y comunales; el cuidado de los caminos, calles, plazas, playas y paseos; la realización de espectáculos y actividades públicas y en general toda actividad que incida sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los habitantes del municipio, previendo las sanciones administrativas que corresponda aplicar a los infractores.

 

Artículo 84.- Son Circulares las disposiciones administrativas de carácter interno de la administración pública municipal, que contengan una o varias órdenes o instrucciones de carácter general, respecto de la conducción de la administración municipal.

 

Los bandos, circulares u otras disposiciones no podrán adicionar, contradecir o variar el contenido de los reglamentos municipales.

 

CAPÍTULO XV

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 

Artículo 85.- Son servicios públicos municipales los siguientes:

 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

 

II. Alumbrado público;

 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

 

IV.  Mercados y centrales de abastos;

 

V. Panteones;

 

VI. Rastro;

 

VII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento;

 

VIII. Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 y 74 de la Constitución Política del Estado, policía preventiva municipal y tránsito;

 

IX. Educación pública, conforme a la distribución de la función educativa que fijen las leyes entre la Federación, el Estado y los Municipios;

 

X. Los que asuma en virtud de los convenios que celebre con el Estado; y

 

XI. Los demás que determine el Congreso del Estado conforme al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

                       

Artículo 86.- Los servicios públicos municipales podrán prestarse:

 

I. Directamente por el Ayuntamiento;

 

II. Con el concurso del Gobierno del Estado o de los Organismos Públicos Paraestatales;

 

III. En coordinación o asociación con otros Municipios;

 

IV. Por medio de organismos públicos paramunicipales; y,

 

V. Previa concesión que se otorgue a particulares.

 

Artículo 87.- No podrán concesionarse los servicios de alumbrado público, seguridad pública, policía preventiva y tránsito, calles, parques y jardines.

 

Artículo 88.- Los ayuntamientos están facultados para crear mediante decreto, organismos descentralizados y entidades paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo.

 

Los organismos descentralizados se crearán y funcionarán conforme al reglamento correspondiente y al decreto del Ayuntamiento que les dé origen, el cual establecerá la vinculación de éstos con la administración municipal central.

 

Las empresas de participación municipal y fideicomisos, se constituirán y funcionarán conforme al acto jurídico respectivo y de conformidad con las normas del derecho común aplicables.

 

Artículo 89.- Los convenios de coordinación entre dos o más ayuntamientos para la prestación de un servicio, deberán contener el objeto, temporalidad, aportaciones técnicas y económicas de cada municipio asociado, las condiciones mismas del servicio, las tarifas, en su caso la forma de terminación y formas de liquidación. Esta disposición será aplicable, en lo conducente, a los convenios que celebren los Ayuntamientos con el Estado, con los organismos públicos paraestatales o con organismos paramunicipales.

 

Artículo 90.- Cuando los servicios públicos sean concesionados a particulares, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, a los términos de la concesión y a las que determine el Ayuntamiento.

 

Artículo 91.- Está prohibido otorgar concesión para la explotación de los servicios públicos municipales a:

 

I. Los miembros del Ayuntamiento;

 

II. Los servidores públicos, sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado; y,

 

III. Las empresas en las cuales sean representantes o tengan intereses económicos las personas a que se refieren las fracciones anteriores.

 

La contravención a este artículo será causa de revocación de la concesión y motivo de responsabilidad oficial.

 

CAPÍTULO XVI

DE LA SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Y DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO DE MUNÍCIPES

 

Artículo 92.- El Congreso del Estado, a petición o denuncia escrita de cualquier ciudadano sinaloense en la cual se proporcionarán los elementos de prueba conducentes, y por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus integrantes.

 

Artículo 93.- La declaratoria de desaparición de un Ayuntamiento procederá cuando la mayoría o la totalidad de sus miembros se encuentren o incurran en alguno de los siguientes supuestos:

 

I. Renuncia expresa a sus cargos, o porque no se presenten, sin causa justificada, a asumir sus cargos dentro del término de diez días al en que deba quedar instalado el Ayuntamiento, en cuyo caso se considera que renuncian a los mismos;

 

II. Incapacidad física o legal, o falta definitiva;

 

III. La alteración del orden público que interrumpa la obediencia a las autoridades legalmente constituidas, motivada por situaciones o conflictos causados o propiciados por sus propios integrantes;

 

IV. Quebrantar los principios del régimen de Gobierno establecido por los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 y 19 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;

 

V. La comisión de actos u omisiones que sean motivo de juicio político conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;

 

VI. La Comisión de delito que merezca pena corporal; y,

 

VII. Cuando por circunstancias injustificadas no puedan continuar cumpliendo debidamente el ejercicio de sus funciones conforme al orden constitucional federal o local, y en caso de desobediencia grave a las disposiciones que le fueren giradas por el Congreso tendientes a preservar el bienestar general, la continuidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos municipales o el debido manejo de la hacienda pública municipal.

 

Artículo 94.- Tratándose de la causal establecida en la fracción I del artículo precedente, los miembros del Ayuntamiento presentarán su renuncia ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Congreso podrá declarar desaparecido el Ayuntamiento.

 

Si miembros del Ayuntamiento no se hubieren presentado a asumir sus cargos dentro de los diez días siguientes al en que deba quedar instalado el mismo, el Congreso verificará esta circunstancia y podrá declarar su desaparición.

 

Artículo 95.- En los casos a que se refiere la fracción II del artículo 93, el Congreso dentro de las setenta y dos horas siguientes de que tenga conocimiento de aquellos, podrá decretar la desaparición del Ayuntamiento.

 

Artículo 96.- El procedimiento para la declaratoria de desaparición de un Ayuntamiento por las causales previstas en las fracciones III, IV y VII del artículo 93, se instruirá en los siguientes términos:

 

I. Recibida por el Congreso la petición o denuncia, se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la que emitirá dictamen estableciendo si existen o no elementos suficientes que hagan presumir su procedencia. En caso de receso del Congreso, la Diputación Permanente recibirá la petición o denuncia y la turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación;

 

II. Recibido el dictamen por el Congreso éste determinará si debe o no continuarse el procedimiento;

 

III. Si se considera que la petición o denuncia es notoriamente improcedente, por no reunir algún requisito esencial, se desechará de plano;

 

IV. Si se estima que debe continuarse el procedimiento, el Congreso dará a conocer la petición o denuncia al Ayuntamiento y citará a sus integrantes a una audiencia que tendrá verificativo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la citación, para que aporten pruebas y aleguen lo que a sus derechos convenga; y

 

V. Concluida la audiencia o dentro de las veinticuatro horas siguientes el Congreso resolverá en definitiva, estándose en su caso a lo dispuesto por el artículo 99.

 

En cualquier etapa del procedimiento a que se refiere este artículo, el Congreso podrá decretar la suspensión del Ayuntamiento en funciones si a su juicio así lo requieren las circunstancias del caso y llamará a los Suplentes tomándoles la protesta para que entren a desempeñar sus cargos. El Congreso designará de entre ellos a un Presidente Municipal Provisional. Si resultare improcedente declarar la desaparición del Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores Propietarios reasumirán su mandato.

 

Artículo 97.- En el supuesto previsto por la fracción V del artículo 93, se observará el siguiente procedimiento:

 

I. Si dentro del juicio político se resuelve que quedan separados de su cargo la mayoría o la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso instruirá el expediente relativo a la declaratoria de desaparición del Ayuntamiento con base en la copia certificada de la resolución correspondiente y decretará de inmediato la suspensión, llamando a los Suplentes, quienes protestarán su cargo ante el propio Congreso, designando éste, de entre ellos, a un Presidente Municipal Provisional;

 

II. Si en el juicio político el Jurado de Sentencia dicta resolución absolutoria, el Congreso dejará sin efecto la suspensión del Ayuntamiento y la designación del Presidente Municipal Provisional decretada. En este supuesto el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores Propietarios reasumirán sus cargos; y,

 

III. Si fuere condenatoria la resolución del Jurado de Sentencia, el Congreso declarará desaparecido el Ayuntamiento con apoyo en copia certificada de dicho fallo.

 

Artículo 98.- Cuando se trate de la causal señalada en la fracción VI del artículo 93, se observarán las siguientes reglas:

 

I. El Congreso recabará copia certificada del auto de formal prisión y de inmediato iniciará el procedimiento para la declaratoria de desaparición del Ayuntamiento y decretará la suspensión de éste llamando a los Suplentes tomándoles la protesta de Ley, quienes atenderán lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior;

 

II. Si en el proceso penal se dicta sentencia absolutoria que cause estado, el Congreso levantará la suspensión del Ayuntamiento y el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores Propietarios reasumirán sus cargos. Lo mismo se observará si el auto de formal prisión quedare sin efecto por resolución ulterior; y,

 

III. Si la sentencia ejecutoriada fuere condenatoria, el Congreso recabará copia certificada de la misma y decretará de inmediato la desaparición del Ayuntamiento.

 

Artículo 99.- Declarada la desaparición de un Ayuntamiento por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 93, se observará lo siguiente:

 

Si la declaratoria de desaparición ocurre dentro de los primeros trescientos sesenta y cinco días naturales del período constitucional, en la misma resolución en la que el Congreso declare la desaparición del Ayuntamiento elegirá Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores interinos y convocará a elecciones extraordinarias para integrar el Ayuntamiento que deba concluir el período. El Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores sustitutos rendirán su protesta ante el Congreso.

 

Si la declaratoria de desaparición ocurre después de los primeros trescientos sesenta y cinco días naturales del ejercicio constitucional, el Congreso en la misma resolución que declare la desaparición del Ayuntamiento, designará un Concejo Municipal de entre los vecinos del Municipio, el cual concluirá el período y designará de entre los integrantes del Concejo Municipal, quien fungirá como su Presidente. En todo caso el Concejo tendrá el mismo número de integrantes y las mismas facultades que el Ayuntamiento.

 

Artículo 100.- La suspensión o revocación del mandato de los miembros de un Ayuntamiento, sólo podrá decretarse por las causas previstas en el artículo 93 y se aplicará en lo conducente el procedimiento que para cada causal señala este Capítulo. Decretada la suspensión o revocación del mandato de los miembros de un Ayuntamiento, serán sustituidos conforme a la Ley.

 

Artículo 101.- Cuando el Congreso esté en receso, la Diputación Permanente lo convocará a período extraordinario de sesiones para que conozca de los casos a que se refiere este Capítulo.

 

Artículo 102.- En lo no previsto por el presente Capítulo, se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los Códigos Civil, Penal, de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Penales, del Estado de Sinaloa.

 

CAPÍTULO XVII

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 

Artículo 103.- Las disposiciones generales de este capítulo se aplicarán en general a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública municipal. En el caso de la administración pública paramunicipal, sólo serán aplicables cuando se trate de actos provenientes de organismos descentralizados que actúen como autoridad y que afecten la esfera jurídica de los particulares, conforme a la reglamentación correspondiente.

 

Artículo 104.- Las actuaciones administrativas que realicen los ayuntamientos y sus autoridades municipales, deberán regirse por los principios de legalidad, igualdad, publicidad y audiencia salvaguardando las garantías constitucionales, de conformidad con lo que establezcan en la reglamentación respectiva y atendiendo a las siguientes prescripciones generales:

 

I. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del interesado. Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados ante la autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al control y verificación de la propia autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe;

 

II. En los procedimientos administrativos no procederá la gestión oficiosa. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar su personalidad en los términos de Ley; 

 

III. En los procedimientos y trámites respectivos, no se podrán exigir mayores formalidades y requisitos que los expresamente establecidos en los ordenamientos reglamentarios de cada materia. Los interesados tendrán en todo momento el derecho de obtener información sobre los procedimientos y el estado en que se encuentran, así como el acceso a los expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen las autoridades municipales;  

 

IV. Sólo podrá negarse la información o el acceso a los expedientes, cuando esté protegida dicha información por el secreto industrial, comercial o por disposición legal; o porque el solicitante no sea el titular o causahabiente, o no acredite su interés legítimo en el procedimiento administrativo, o se involucren cuestiones relativas a menores de edad o de defensa y seguridad nacional; y

 

V. Las actuaciones se verificarán en las oficinas de las dependencias o entidades competentes. En los casos en que la naturaleza de la diligencia así lo requiera y sea necesario o conveniente para agilizar el procedimiento, el desahogo de la diligencia podrá trasladarse a otro sitio, previa constancia debidamente fundada y motivada de esta circunstancia.

 

CAPITULO XVIII

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

 

Artículo 105.- La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa determinará los medios de impugnación y los procedimientos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, tomando en consideración lo prescrito en los artículos 106 y 107 de esta Ley.

 

Artículo 106.- Los particulares que sientan lesionados sus derechos por actos de autoridad municipal, podrán acudir ante ésta, por medio del recurso administrativo de revisión, o bien, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. Cuando se opte por presentar el recurso de revisión, concluido que sea éste, si no quedaron satisfechas las pretensiones del particular, éste podrá acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 

Los Ayuntamientos instituirán en su reglamentación, las disposiciones que establezcan los medios de defensa a favor de los particulares, bajo las bases siguientes:

 

La autoridad encargada de resolver el conflicto será nombrada por el pleno del Ayuntamiento correspondiente.

 

El procedimiento deberá ser expedito y se desarrollará en un plazo no mayor de diez días, dentro del cual se celebrará una audiencia oral, en la que se resolverá el asunto.

 

Artículo 107.- Cuando el particular acuda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los municipios donde no existan Salas Regionales, podrá interponerla por correo certificado en los términos de la Ley de Justicia Administrativa o presentar personalmente la demanda y demás documentos para proseguir el procedimiento, ante el órgano creado por el Ayuntamiento para resolver el recurso administrativo de revisión, quien deberá ser el medio de comunicación entre las partes y la Sala Regional respectiva, lo cual surtirá todos los efectos legales que prevé la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

 

CAPITULO XIX

DE LA ASOCIACIÓN CON FINES DE DERECHO PÚBLICO

    

Artículo 108.- Los municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos, podrán asociarse entre sí para la prestación de un servicio o el ejercicio de una función pública de su competencia, bajo las siguientes bases:

 

I. El objeto del acto, deberá versar sobre la mejora en la prestación de un servicio público, o el ejercicio de una función pública;

 

II. El convenio de asociación o coordinación deberá constar por escrito, estar firmado por los representantes legales de las partes y publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; y

 

III. El acto deberá prever, causas de rescisión, terminación anticipada, y efectos derivados del incumplimiento de las partes.

 

En estos mismos términos, los ayuntamientos podrán asociarse con el Ejecutivo del Estado, cuando se actualicen los propósitos y requisitos a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo el caso en que el Estado pretenda trasladar a favor de un Ayuntamiento, la facultad de prestar un servicio o el ejercicio de una atribución de carácter supramunicipal propia, o transferida por la Federación en los términos del artículo 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

 

Artículo 109.- Para los efectos del artículo anterior, los municipios podrán suscribir los siguientes tipos de convenio:

 

I. Convenio de coordinación. Aquel que tenga por objeto la colaboración interinstitucional para mejorar la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función, sin que ninguna de las partes ceda a la otra la atribución, en todo o parte, respecto de la materia correspondiente;

 

II. Convenio de asociación por mandato específico. Aquél en el que una parte encarga a la otra, la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función a su cargo, cediéndole en consecuencia todo o parte de las atribuciones y facultades relativas a la materia de que se trate; y

III. Convenio de asociación con objeto común. Aquel en el cual las partes se propongan prestar un servicio público o ejercer alguna de sus funciones de manera conjunta, creando para tal efecto un organismo descentralizado en el cual las partes depositen la totalidad de las atribuciones que les correspondan, en los términos del acuerdo que al efecto adopten. Los organismos que conforme a esta figura se generen, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que las reglas para su rescisión, terminación, desaparición y liquidación deberán quedar establecidas en el convenio respectivo.

 

Artículo 110.- Cualquier acto de los municipios realizado en su carácter de personas jurídicas de derecho privado, se regirá conforme a las normas del derecho común vigentes.

 

Artículo 111.- El Congreso del Estado resolverá de manera uninstancial, las controversias que surjan con motivo de la implementación de los convenios a que se refieren los artículos 108 y 109 de esta Ley. Al efecto, oirá a las partes dentro de los veinte días naturales siguientes al de la recepción de la denuncia del conflicto y resolverá de plano lo que corresponda, atendiendo en todo caso al interés general, a la eficacia en la prestación del servicio o el ejercicio de la función y en beneficio de la comunidad, de conformidad con lo previsto en el convenio respectivo.

 

Con la anuencia de las partes involucradas, el Congreso del Estado podrá conformar una comisión arbitral, para que en su seno y conforme a las reglas que al efecto establezca, se resuelva la controversia mediante consenso y de manera sumaria.  Agotado este procedimiento, si persistiere la controversia, se procederá conforme al párrafo anterior.

 

El procedimiento que se desarrolle conforme a lo prescrito en este artículo, se substanciará sin perjuicio del derecho de las partes a ocurrir ante las instancias correspondientes, atento lo dispuesto por el artículo 105 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 112.- Cuando un Ayuntamiento se encuentre imposibilitado materialmente para prestar un servicio o ejercer una función de carácter municipal, podrá solicitar al Ejecutivo del Estado dicte las medidas necesarias y asuma temporalmente la prestación de dicho servicio o función. En este caso, la resolución que apruebe la solicitud, deberá ser adoptada mediante la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

 

Artículo 113.- En el caso de que habiendo solicitado un Ayuntamiento la intervención del Ejecutivo del Estado en los términos del artículo anterior, éste no hubiere dado respuesta dentro del término de veinte días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la petición correspondiente o hubiese negado su intervención, el Ayuntamiento afecto podrá solicitar al Congreso del Estado dicte un decreto de observancia general exclusivamente para su municipio, mediante el cual establezca las normas conforme a las cuales el Ejecutivo del Estado asuma la prestación del servicio o ejerza la función pública de que se trate.

 

En este caso y previo a la emisión del decreto, el Congreso del Estado notificará al Ejecutivo del Estado, a efecto de que éste remita contestación dentro de un plazo de cinco días hábiles, mismo que podrá ser duplicado a petición razonada del Gobernador del Estado.

 

El Congreso del Estado resolverá dentro del plazo de quince días naturales posteriores a la recepción de la contestación, si es justificada la petición municipal y en su caso, dictará el decreto correspondiente previendo lo necesario para que el municipio recupere en el menor tiempo posible y en  ejercicio de plenitud, la facultad de prestación del servicio o de la función asumida por el Ejecutivo Estatal.

 

En caso de que el Congreso del Estado no resuelva la petición del Ayuntamiento dentro del término anteriormente establecido, el Ejecutivo del Estado deberá dictar las medidas provisionales necesarias para que se preste el servicio o se asuma el ejercicio de la función por conducto de las dependencias o entidades correspondientes, hasta en tanto se resuelva en definitiva la petición.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

Artículo Primero.- El presente decreto se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" e iniciará su vigencia el primero de enero del año 2002.

 

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa expedida por el Congreso del Estado mediante Decreto de fecha 23 de mayo de 1984, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 63 Bis de fecha 25 de mayo de 1984, así como sus reformas y adiciones publicadas en ese mismo medio.

 

Artículo Tercero.- Las disposiciones de esta Ley relativas a la integración de los ayuntamientos, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y Regidores, serán aplicables a los Ayuntamientos que inician su ejercicio constitucional a partir del primero de enero de 2005.

 

Artículo Cuarto.- Los municipios del Estado, adecuarán en lo conducente su reglamentación a la presente Ley, en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la fecha de su entrada en vigor.

 

Artículo Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil uno.

 

 

C. LIC. JOSÉ CARLOS DE SARACHO CALDERÓN

DIPUTADO PRESIDENTE

 

C. JESÚS RAMBERTO ABITIA MORALES

DIPUTADO SECRETARIO

 

C. GERARDO PAEZ BELTRÁN

DIPUTADO SECRETARIO